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Impunity: el proceso de Justicia y Paz en Colombia


— por Stephanie Welter de © PuntoLatino —

En el marco del Festival del Filme y Foro Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) que tuvo lugar en Ginebra en el mes de marzo se realizó la première suiza de «Impunity», un documental que pone al descubierto las crudas consecuencias del proceso de Justicia y Paz colombiano, instrumento jurídico que entró en vigencia en el 2005 bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. De esta manera, los productores Juan José Lozano y Hollman Morris nos confrontan con la realidad de un país donde, según ellos, los asesinos, respaldados por una ley, gozan de impunidad, donde, los jefes de grupos al margen de la ley, cuyos testimonios son pieza clave en el proceso de reconciliación y justicia, son extraditados interrumpiendo así la recuperación de la verdad y donde las miles de víctimas carecen de su debida reparación. El filme sirvió además de preámbulo para el debate titulado «La Justicia frente a la Historia», moderado por el profesor de derecho de la Universidad de Ginebra, Robert Roth, y con la participación del magistrado español y asesor de la Corte Penal Internacional Baltasar Garzón, el presidente del Tribunal Especial para el Líbano, Antonio Cassese y la directora de la sección Suiza de Amnistía Internacional, Manon Schick.



El evento, organizado en colaboración con la Radio Televisión Suiza (TSR), la facultad de derecho de la Universidad de Ginebra y Amnistía Internacional Suiza, tuvo como finalidad discutir la relación entre justicia, historia y la búsqueda de la verdad. En este contexto fue presentado el documental de Juan José Lozano y Hollman Morris, quienes, en su encrucijada por develar la verdad de uno de los episodios que ha marcado la historia de Colombia, recogen testimonios de las víctimas de la violencia y presentan las versiones de los hechos de líderes paramilitares. La declaración de un miembro de la familia de una de las muchas víctimas abre el telón para una de las temáticas de la obra: la mujer describe cómo su hermano, un niño de apenas algunos años, fue decapitado por los paramilitares y cómo entre ella y su madre recogieron el cadáver, ella el cuerpo y su madre la cabeza, para llevar al niño a la casa. Entre lágrimas comenta la imposibilidad de olvidar aquellas imágenes de un pasado que aún está presente entre las familias de las víctimas del conflicto armado y subraya la incapacidad de reparar de alguna manera tal atrocidad. Como ella, un gran número de víctimas, la mayoría mujeres, se reúnen en el marco del proceso de Justicia y Paz con el fin de reclamar justicia para sus muertos.

El estatuto inicial decretado por el gobierno de Uribe y aprobado por el Congreso en el 2005 tenía como finalidad facilitar el proceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia. Con este propósito proponía la reintegración de éstos a la vida civil después de cumplir condenas reducidas de entre 5 a 8 años. Para poder gozar de estos beneficios los desmovilizados debían comprometerse a confesar sus delitos. Como argumenta durante su ejecución el Vicepresidente de la República de Colombia, Francisco Santos, el nuevo marco jurídico sería un proceso “ejemplar para el mundo y va a ser visto en 10 años como el gran modelo de justicia transicional que ha hecho el mundo moderno para resolver un problema de violencia”.

Cuando la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz entra en ejecución, 32.000 paramilitares entregan sus armas. Al rededor de 100 se presentan a la comisión judicial. El filme del productor colombo-suizo y el periodista colombiano recoge las diferentes etapas del proceso: desde la toma de pueblos por parte de los paramilitares, la violencia, la desmovilización, las confesiones de algunos de los jefes paramilitares, el sufrimiento de los familiares de las víctimas hasta lo que ellos señalan como fallas del proyecto de ley inicial.
Las confesiones de algunos de los jefes paramilitares juegan un papel importante en el proceso de negociación. El documental nos presenta las dos perspectivas, por un lado la del crimen, por el otro la del sufrimiento, por un lado la sala donde estaba siendo interrogado el inculpado, por otro lado la sala donde los familiares de las víctimas se llenaban de valor para escuchar las declaraciones y exigirles a los dirigentes paramilitares por medio de un radioteléfono informaciones sobre sus familiares desaparecidos.

La crueldad de los paramilitares se hace evidente en las declaraciones de Éver Veloza García, alias HH: “se decapitaron, se desmembraron cantidad de personas” y asevera que eran prácticas utilizadas como recurso para generar terror. En la otra sala los familiares de las víctimas escuchan sus palabras sin expresar emoción alguna. Se encuentran enfrentados de nuevo con los momentos de violencia que habitaban en su memoria, convirtiéndose así nuevamente en víctimas, esta vez de otro tipo de violencia.

Por su lado, las versiones de estos paramilitares no solo sirven para localizar fosas comunes y, de esta manera, concederle a las víctimas una reparación, sino que también contienen declaraciones que inculpan a diferentes políticos, empresarios, militares y multinacionales, entre otros, que se han beneficiado de la guerra. Miles de casos se abren con la ilusión de conseguir las prometidas verdad, justicia y reparación. Sin embargo, el proceso se ve interrumpido abruptamente por la extradición de los ex jefes a los Estados Unidos. Así, como muestra el documental, miles de sucesos delictivos quedan sin ser esclarecidos, los extraditados únicamente serán juzgados por delitos ligados al narcotráfico y la esperanza de las víctimas de encontrar paz es puesta en dura prueba.

Una de las personas entrevistadas en el filme asegura que el proceso es un mecanismo diseñado específicamente para que la verdad no sea revelada. Como se documenta en la producción, los culpables o bien gozan de impunidad o son extraditados y los funcionarios encargados de los procedimientos se enfrentan a una serie de obstáculos que dificultan su labor. Como se revela, los resultados han sido magros. Para Juan José Lozano la Ley de Justicia y Paz hace parte de una ingeniosa estrategia de marketing del gobierno de Uribe para cambiar la imagen del país tanto a nivel nacional como internacional, según comenta en una entrevista para swissinfo.ch.

Como indicado previamente, los funcionarios de justicia que trabajaban para clarificar los crímenes de la guerra colombiana son otros actores afectados por este proceso, pues son amenazados como consecuencia de dirigir las indagaciones que revelan los vínculos entre paramilitares y varios miembros del congreso, escándalo que se conoce como la parapolítica. De estas mismas amenazas fueron víctimas los productores del filme, por buscar representar su versión de los hechos en este documental. Por fortuna, esto no les impidió recopilar las informaciones necesarias para proporcionar su versión sobre este episodio de la historia de Colombia.

Diversas entidades opinan que el condicionamiento de la Ley de Justicia y Paz por parte de la Corte Constitucional constituyó una modificación pertinente. Se considera además de gran importancia que la Corte Penal Internacional esté al tanto de los sucesos para poder garantizar la correcta implementación del este proyecto de ley. Su presencia la simboliza en el filme la llegada del magistrado Baltazar Garzón a Colombia, quien aseveró en aquel entonces que esta instancia internacional intervendría en el caso de que se considerase pertinente. No obstante, según le comenta Lozano a la redactora de swissinfo.ch., este no ha sido el caso hasta el momento.

El filme, el cual fue alabado por el magistrado Baltasar Garzón por significar un intento de recuperación de la memoria histórica de Colombia, recibió además una mención especial de la Organización Mundial contra la Tortura después de su proyección en el FIFDH.


[foto: Miguel Bueno. Manon Schick, Baltasar Garzón, Robert Roth y Antonio Cassese].



El debate: La Justicia frente a la Historia
En el debate que tuvo lugar al finalizar el documental se criticó la Ley de Justicia y Paz debido a que no está dando los resultados que se habían prometido. Se subrayó además el hecho de que en Colombia, aunque existía un interés por hacer justicia, éste fue obstaculizado por la lentitud con que se promovieron los mecanismos para que se cumpliera con lo prometido. Con cada testimonio se abren más casos, hay más víctimas, se intensifica el trabajo. Las condiciones se complican con las amenazas dirigidas a los jueces. Más aún, el proceso se vio ralentizado por la suspensión de las valiosas declaraciones de los jefes paramilitares al ser extraditados.

De experiencias previas los expertos deducen que no podrá haber justicia absoluta. Existen diversos factores que pueden dificultar el desarrollo de un proceso, como por ejemplo el número de culpables a investigar y la calidad de las pruebas entregadas como evidencia. Los factores disturbadores varían según el caso. Los panelistas están familiarizados, por ejemplo, con casos en donde se ha construido una falsa verdad judicial. Como es sabido, la historia puede ser manipulada por aquellos que se encuentran en el poder. Es necesario que en estos casos la historia sea reconstruída. Debido a la imposibilidad de alcanzar una justicia absoluta, el margen entre ésta y la justicia mínima debe ser reducido para que se pueda hablar de una justicia razonable.

En el debate fue resaltado que existe en Colombia una voluntad establecida por continuar con el proyecto de ley con el fin de hacer justicia. Entre los factores disturbadores de este caso se encuentra el hecho que los principales culpables hayan sido suprimidos del proceso. Por consiguiente, en el futuro debe existir una cooperación entre Colombia y Estados Unidos para que la rendición de testimonios se restablezca y, de esta manera, se restaure la colaboración entre los extraditados y las autoridades del proyecto de ley de Justicia y Paz.

En Colombia el proceso de Justicia y Paz ya se puso en movimiento. Será constitucional siempre y cuando se aplique en su totalidad, es decir, cuando se cumplan las sanciones penales y cuando se garantice la reparación de las víctimas. A pesar de que es un proceso muy lento y el volúmen de los acontecimientos registrados sea desbordador, es un mecanismo que no puede echar marcha atrás debido a que existe una concientización por parte de la comunidad nacional e internacional sobre lo que constituye el problema. Según los expertos se están desarrollando actualmente mecanismos para que su ejecución sea exitosa. Es por esta razón que no se ha considerado necesaria una intervención internacional, pues se trata de que sea la misma Colombia la que aplique la justicia nacional con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación. No obstante, si existen instancias internacionales que vigilan el desarrollo del proceso.



El juez Baltasar Garzón fue invitado por el presidente Juan Manuel Santos bajo este marco para cumplir el papel de asesor del gobierno en materia de derechos humanos. Aunque no haya aceptado este cargo, el magistrado se compromete a ayudar desde un contexto internacional a las instituciones encargadas en el procedimiento de implementación de la ley. Como ha podido constatar después de hablar con algunas víctimas, éstas no buscan venganza sino justicia y reparación. Por su lado, reconciliación y justicia son conceptos claves que de acuerdo con Garzón deben coincidir correctamente para conseguir avanzar en el proyecto. Solo de esta forma se podrán cumplir las promesas que hasta ahora les han sido negadas a los afectados por el conflicto armado colombiano.

Es fundamental que Colombia comprenda la importancia de llevar a cabo un proceso de esta magnitud, ya que un conflicto armado no culmina con el desarme de las facciones en confrontación. Este es un primer paso que abre todo un conjunto de nuevos desafíos que de no cumplirse pueden llevar a todos los esfuerzos para lograr la paz al fracaso. Entre estos desafíos se encuentran la reconstrucción de un tejido social que fue destruído por el conflicto y otorgarle a las víctimas su identidad perdida. Por lo tanto, invertir en los esfuerzos que garantizan la justicia, la reparación y la reconciliación de una comunidad violentada permiten una construcción de paz sostenible y a largo plazo.


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